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En Naucalpan, Estado de México, Angélica Moya Marín, Presidenta Municipal presentó una nueva denuncia contra tres funcionarios o quien resulte responsable por el desvío de fondos públicos de 6 millones de pesos en la administración pasada de Morena, que presidió Patricia Durán.
Se trata de un desvío de fondos destinados para rehabilitar una máquina asfaltadora, comprada hace 12 años durante el gobierno de su hermano José Luis Durán y por supuestos gastos de combustible, hasta por tres millones de pesos.
En conferencia de prensa la alcaldesa Moya Marín explicó que durante el trienio de José Luis Durán Reveles, el exalcalde negoció directamente la adquisición de esta máquina asfaltadora por una cantidad cercana a los 50 millones de pesos y fue recibida dos días antes de concluir su trienio.
Sin embargo, nunca fue utilizado y ha estado arrumbada en el predio La Victoria durante más de una década, “pero ha servido como un instrumento para desviar recursos públicos”.
La exalcaldesa Patricia Durán Reveles tenía conocimiento de la maquinaría adquirida por su hermano y funcionarios de la administración morenista destinaron recursos de los naucalpenses para supuestamente comprar combustible y rehabilitar la asfaltadora entre los años 2020 y 2021, entre los funcionarios que participaron en estas presuntas irregularidades, destaca el nombre del entonces director de Servicios Públicos de Naucalpan y actual síndico por MORENA, Carlos Trujillo Anell, quien autorizó el mantenimiento de la máquina y el suministro del combustible inexistente.
Al respecto el director general de Servicios Públicos, Marco Ernesto Delgado Barrera, puntualizó que el monto autorizado para la compra del gas fue hasta por tres millones de pesos, de los cuales se tiene documentada su adquisición por hasta 650 mil pesos.
El encargado de despacho de la Contraloría Interna Municipal, Rafael Funes Díaz, indicó que ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y llevará a cabo los procedimientos administrativos sancionatorios a efecto de deslindar responsabilidades.
El titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva, Gabriel García Martínez, señaló que “este tipo de denuncias como el uso ilícito de atribuciones y facultades o el ejercicio abusivo de funciones, tienen una penalidad de hasta 12 años de prisión y evidentemente va dirigida contra los servidores públicos que autorizaron la compra de ese combustible y que integraron en su momento el comité de adquisiciones.
Con está, suman ya cinco denuncias presentadas por el gobierno que encabeza la alcaldesa Angélica Moya Marín en contra de la administración morenista de Patricia Durán Reveles, por malos manejos en las finanzas públicas que tanto afectaron a los naucalpenses.
El gobierno de Naucalpan continúan en crisis financiera y emprende diversas acciones para mitigar la problemática de los baches en el municipio.
